El Pleno de esta tarde ha aprobado inicialmente la modifiación de la Ordenanza Fiscal nº9 para repercutir a los ciudadanos, el sobrecoste que en la tasa de recogida de basuras impone el consorcio GIRSA para los municipios del alfoz, por el tratamiento de residuos en el CTR de Gomecello.
La modifiación ha sido aprobada, una vez vez más, por los ocho concejales del PP y los seis del PSOE. El edil de Tierra Comunera se ha abstenido mientras que Izquierda Unida Los Verdes y AIS hemos votado en contra.
Aquí os dejo el boceto de mi intervención:
“Hoy traemos para aprobación la modificación de la ordenanza fiscal nº9 (recogida de basuras). Dicha modificación conlleva el aumento en un 62,79% de la tasa.
Como ya se ha explicado esta modificación viene sobrevenida sobre todo por el coste de reciclado en el CTR de Gomecello. Desde el consorcio GIRSA, se establece el precio por tonelada para todos los municipios de la provincia, de manera que no queda otra solución que asumir el coste.
Antes de abordar el debate -si es que hay algo de margen para debatir-, convendría señalar aspectos significativos que ayudarían a tener clara la posición. A saber:
- La Junta de Castilla y León, responsable del CTR de Gomecello no aporta con claridad los datos que pongan de manifiesto cuál es la cantidad y el volumen de residuos tratados, retornados, etc. Es decir, no hay datos, por esa vía, que justifiquen la subida de precio o el sobrecoste en la tasa.
- Tampoco se está adoptando una correcta política de tratamiento de residuos. En primer lugar porque está mal planteada en origen –fruto entre otras cosas de la enorme presión de los agentes que intervienen, esto es, de las contratas- y en segundo lugar, porque tal y como revelan los datos aportados por otros municipios, y que nos sirven para hacer una estimación, NO SE RECICLA MÁS sino que sólo han aumentado los residuos.
- De nuevo se nos traslada a los Ayuntamientos y a los ciudadanos un problema, que no sólo no es nuevo ni imprevisible, sino que no ha querido ser resuelto ni por la administración autonómica –que tiene las competencias- ni por la Diputación… que por no hacer, no hace nada.
Dicho esto, la situación es de sobra conocida. Nos encontramos entre la espada y la pared porque, o bien repercutimos el aumento de los costes de recogida y tratamiento de residuos a los ciudadanos, o bien lo asume el Ayuntamiento, dejando de prestar algún servicio, o lo que es lo mismo, lo asumen indirectamente los ciudadanos.
Y todo ello para pagar un servicio que nadie sabe a ciencia cierta como se presta, y que intuimos que no se adecua a los fines para los que fue concebido.
Contextualicemos ahora la posible subida del 62`77: estamos inmersos en una crisis marcada por la “estanflación” en la que los ciudadanos de nuestro municipio, no solo ven como aumenta el paro, sino que crecen los precios, no sólo los del mercado, sino de los servicios públicos: autobús, un 15%, basura, un 62`7%, luego vendrá el IBI, etc.
Con esas premisas, nosotros votamos en contra de esta nueva subida y lo hacemos porque nos declaramos insumisos al proceso oscuro y poco transparente con el que la Junta de Castilla y León ha gestionado un problema anunciado y conocido.
Nos oponemos además, porque creemos que no se puede trasladar ese gasto a los ciudadanos en el contexto actual. Si cuando había dinero, nos oponíamos a su despilfarro, ahora que estamos en crisis, consideramos que la administración puede amortiguar determinados impactos.
Y si el Ayuntamiento, por mor de ese enorme gasto, tiene que quedarse sin prestar otros servicios, estamos dispuestos a asumir la restricción en partidas en las que se despilfarra. Si se trata de recortar, recortemos en gastos de festejos, por ejemplo. Pero no traslademos una vez más, nuestra incapacidad a los vecinos y menos, si con eso, y sin estar las cuentas claras, vamos a garantizar el lucro a las empresas FCC y ECOEMBES.
