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Archive for 26 septiembre 2008

Y la cuestión no será debatida en Pleno para empezar porque tenemos un Reglamento Orgánico pensado para favorecer siempre al Gobierno (y de esto, o no se dio cuenta el PSOE, o no quiso darse cuenta). La Junta de Portavoces es la que debe aprobar qué mociones pasan al Pleno como ordinarias y para ello hace falta que tres grupos (portavoces) den el visto bueno a una Moción.

Lo lógico sería dar el visto bueno a todas aquellas que no incurran en mala fe, o que sea manifiesto que no son competencia del Ayuntamiento, admitiendo a trámite el resto. Obviamente la votación en Pleno sería otra cosa.

Pero en Santa Marta… todo es diferente y por supuesto, ningún portavoz dio el visto bueno a una Moción incómoda: revisar los salarios del Alcalde (53000 euros), los Tenientes de Alcalde (24000), las asignaciones de los Concejales (por asistencia a Pleno y Comisiones) y de los Grupos Municipales.

Desde Izquierda Unida Los Verdes consideramos que no se puede recurrir a una subida del 56% del IBI (en todos los tramos, sea cual sea el hecho imponible) con la justificación de tener que abordar los gastos, si se derrocha o si se tiene una corporación “de oro” a tenor de sus retribuciones.

Es algo fácil de entender: para reclamarle al ciudadano que se apriete el cinturón, lo primero que tienes que hacer como representante político, es dar ejemplo. Y luego, a ser posible, gobernar con austeridad, que en modo alguno es sinónimo de recortar el gasto social.

Dicho esto, la propuesta que hemos llevado a la Junta de Portavoces mediante una moción es la siguiente:

TABLA PROPUESTA DE RETRIBUCIONES CARGOS PÚBLICOS 2008
CONCEPTO
2003
2007
S.2008
DIFERENCIA
% DIFERENCIA
Pleno
250
300
240
60
-20%
Junta de Gobierno
200
200
160
40
-20%
Comsisión Infor.
50
150
75
75
-50%
Junta de Portavoces
50
100
80
20
-20%
Convenios
50
50
0
50
 
Grupos Fijo
200
 
160
40
-20%
Por cada concejal
100
 
25
75
-75%
CONCEPTO
2007
S 2008
DIFERENCIA
% DIFERENCIA
Salario Alcalde
53.000
39.750
-13250
-25%
Salario TTs Alcalde
24000
19200
-4800
-20%

Como se puede observar, proponemos una bajada de las diferentes partidas de un 20%, salvo la del salario del Alcalde (uno de los mejores pagados de Castilla y León) a la que le aplicamos un 25% -se le quedaría un salario de 37750- y la de las percepciones por asistencia a comisión, a la que le aplicamos una reducción del 50% (ya que en 2007 se incrementó en un 200%).

El Partido Socialista ha votado en contra “porque no comparte el espíritu de la misma”. Semejante afirmación parece fuerte, pero más lo es que no nos hayan aclarado qué les parece “la letra”.

AIS ha justificado su voto negativo diciendo que la propuesta no soluciona nada y que lo que hay que hacer es convocar menos comisiones.

Tierra Comunera justifica las retribuciones (por fin alguien se atreve a abordar el fondo de la cuestión) en base “a que se está haciendo mucho trabajo”. Desde luego, “el abecé” de cualquier sindicalista. Algo es algo.

Y el Partido Popular… mejor ni lo comentamos.

LAS SUBIDAS QUE NOS VIENEN

La Comisión Informativa debía abordar las subidas de las ordenanzas fiscales.  Si lo recuerdan, Izquierda Unida en el 2006, 2007, y 2008 presentó alegaciones (y las volveremos a presentar). La respuesta siempre ha sido la misma: “son interesantes pero como urge aprobar las ordenanzas y ahora no hay tiempo para entrar en la revisión del modelo, se rechazan”. Y no se imaginan la rabia que da cuando pasa todo un año, y se encuentra las mismas ordenanzas con una subida del IPC (es decir que no se revisa el modelo y se rechazan nuestras propuestas).

Pero este año las ordenanzas venían con un regalo. El IBI, en lugar de “actualizarse” -es decir, de subirlo al 4,7%- se subía un 58,5%. Han leído bien. Un 58%.

Y como no hay que por bien no venga, semejante subida -coincidiendo con la reclamación a las subidas del IBI en la capital- han hecho aterrizar al PSOE, que ha votado en contra. Obviamente IU Los Verdes también se ha opuesto.

Y pese a que Justino Corchero llevaba una propuesta alternativa -de subida intermedia y revisión del modelo-, el final no se llegó a desvelar, porque semjante contratiempo –tener oposición– le ha generado “un cólico” a un Alcalde que no ha tenido otra ocurrencia que levantar la sesión sin que votáramos.

Así que ahora toca preguntarse ¿qué propuesta se someterá a votación en el próximo pleno si no se ha dictaminado ninguna?.

 

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“Nunca he entendido” porque parece molestar tanto a los grandes partidos ( PP y PSOE) la participación ciudadana en la práctica y traten, en consecuencia, de controlarla, domesticarla y adaptarla a sus intereses cuando no directamente de suprimirla.

 

Y no es hablar por hablar, los vecinos de Santa Marta saben muy bien a que me refiero y recuerdan perfectamente como en legislaturas anteriores ya se intentó cercenar la participación ciudadana tratando de eliminar el famoso artículo 52 de nuestro Reglamento de Participación Ciudadana, en el que se regula la forma en que los vecinos pueden participar en los Plenos Municipales. No lo consiguieron gracias a la oposición de los vecinos y de sus asociaciones más vivas y reivindicativas (IU también aportó entonces su granito de arena) y mal que bien o mejor dicho, a regañadientes, tuvieron que escuchar las preguntas y las quejas de los vecinos.

 

En el corto periodo de tiempo en que IU tuvo influencia en la Concejalía de Participación la cosa cambió radicalmente: se convocó a todas las asociaciones, acudieron muchas y estudiaron el actual Reglamento y tras un trabajo serio y continuado, elaboraron una propuesta de reforma o adecuación a los momentos actuales del mismo ya que el vigente fue aprobado en pleno en 1996. Incluso se avanzó en una especie de ensayo de Presupuestos Participativos. El equipo de gobierno de aquel momento, una vez desalojada dicha concejala del mismo, paralizó estos proyectos, en los que, obviamente no creía.

 

El actual Gobierno tampoco está llevando a cabo una política efectiva de participación ciudadana, antes bien, en la práctica desdice lo que declara. Ellos sí hablan de participación, tienen una Concejalía para tal fin, se les llena la boca de la palabra participación pero los hechos van justo en la dirección contraria poniendo todo tipo de cortapisas:

 

-Nada más iniciarse el mandato, empiezan a retirar los escasos recursos humanos de los que se disponía a tal efecto.

 

– Incumplen sistemáticamente el Reglamento vigente (especialmente en el artículo 52, pero en otros también).

. El Alcalde se muestra especialmente irritado en cuanto los vecinos le hacen preguntas que a él no le gustan.

 

– Decisiones trascendentales en la vida municipal no han sido en modo alguno consultadas a la sociedad civil. ¿Cómo puede hablarse de Participación Ciudadana y no llevar a cabo ni una sola consulta antes de aprobar inicialmente un PGOU? ¿Qué grado de compromisos adquiere el Ayuntamiento con las decisiones de órganos participativos como el Consejo de Salud? ¿Se ha consultado a algún vecino sobre los precios y el funcionamiento de la Escuela Infantil?

En esta carrera para “cargarse” definitivamente la Participación ciudadana, se inscribe la última iniciativa del Equipo de Gobierno, que pretende que en un plazo ridículo de unos 15 días, el Consejo de Participación de el visto bueno a la creación de un Consejo de Ciudad, que nadie sabe muy bien en que consiste, pero en el que el Alcalde se asegura la presidencia y el control del mismo, y en contraste con el actual Consejo de Participación, donde son los propios vecinos, a través de sus asociaciones, los que eligen a su presidente que les representa y es el interlocutor ante el ayuntamiento.

 

Hay dos formas de laminar la participación política desde las instituciones. La más zafia ya la protagonizó en su día el anterior Alcalde: vetar la participación. La más sibilina, pero también la más dañina, es la de dar un contenido inverso al pretendido con la participación ciudadana. Y así, lejos de garantizar el servicio al interés general, con la voz de la sociedad civil en las instituciones, lo que se pretende es duplicar y crear toda una estructura de participación, sin contenido ni recursos, en la que los políticos participan en las decisiones de la sociedad civil. Ni más, ni menos.

Se que la mayoría, por no decir todas las asociaciones están en contra de la propuesta del Alcalde, ya que  sería, en la práctica, el fin de la participación  ciudadana.

No se si esta iniciativa se llevará al próximo Pleno, pero lo que si puedo asegurarles a los vecinos, y tal es mi compromiso, es que defenderé la participación ciudadana, que me opondré a los intentos de los “grandes Partidos” por relegar o destruir la representación de los vecinos y que llevaré a cabo cuantas iniciativas estén en mi mano para defender lo que siempre he defendido y que es que los vecinos han de ser tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones, que se debe fomentar el asociacionismo y la participación con hechos y no con palabras.

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La semana pasada se abrieron las puertas de la tan esperada Escuela  de Educación Infantil de 0 a 3 años, conocida como “la guardería”.

 

Un edificio de “ diseño”, con una capacidad para 150 niños. Una buena oferta ya que nuestro pueblo cuenta con 500 niños en este tramo de edad y por tanto era muy esperada su puesta en marcha.

 

 Pero el primer día de su funcionamiento solo acudieron 38. Para la concejala Marta Labrador es un logro haber conseguido que funcione y también le parece normal que eche a andar con tan pocos niños. ¿Se habrá preguntado el por qué?

 

A nuestro grupo  ya le parecía bajo el número de niños prematriculados pero estas cifras nos parecen un auténtico fracaso. Nos temíamos que con los precios establecidos muchas familias iban a desistir y buscar otra vía para conciliar la vida familiar y laboral.

 

Cuando se aprobaron en el pleno las tarifas, yo ya manifesté que me parecían una barbaridad y voté en contra. También expresé que había que conseguir la gratuidad en la escolarización de los niños de 0 a 3 años y que la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León tenía que hacerse cargo de su gestión.

 

Desgraciadamente no me equivoqué y la realidad ha sido que de los 150 niños que podrían estar hoy en la “guardería”, solo la  disfrutan 38. Nos dice la concejala que la matrícula sigue abierta y que se incrementará el número de niños matriculados.

¡Ojala!

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Que me lo expliquen

 

En los últimos diez años en este país se ha construido sin parar, se han ido colmatando de edificios enormes extensiones de terreno, se ha recalificado suelo bajo el pretexto de que con el aumento del número de viviendas, su precio bajaría.

 

Mientras tanto, los constructores se han “forrado”, los bancos han obtenido también enormes beneficios a través de las hipotecas y gran parte de los ciudadanos no hemos tenido más remedio que  recurrir a la compra de vivienda, gracias a la errática política de alquiler que se ha llevado a cabo. Hemos sido los auténticos sufridores al tener que destinar cada vez mayor parte de nuestro salario a la compra y durante más largo tiempo para poder hacer frente a los pagos de las hipotecas.

 

Ahora ¡socorro!, por el temor a la quiebra de los promotores, el gobierno socialista destinará tres mil millones de euros en ayudas financieras para el sector de la construcción. ¿Cómo se justifica que nuestros impuestos vayan a parar a los que se han enriquecido como nadie? Que me lo expliquen.

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En el pleno de 6 de septiembre de 2007, hace ya  un año por tanto de esto, IU-LV presentó en el  Pleno una moción solicitando la creación del Consejo Escolar Municipal  para dotar a nuestro municipio con este órgano consultivo, dada la importancia que para nosotros tiene la educación de nuestros niños y nuestros jóvenes, y como un mecanismo útil para optimizar recursos y aunar esfuerzos en tan importante tarea.

 

La moción fue rechazada con los argumentos que cada grupo creyó oportuno.

 

Por el grupo popular, la concejala Sra. Gacho dijo que la propuesta les parecía muy interesante pero que tendrían que hacer un estudio exhaustivo del mismo.

 

En otra parte de su intervención reconoció que dada la importancia de nuestro municipio, habría que tener en cuenta el Consejo Escolar Municipal.

 

Nosotros hemos trabajado en este sentido a lo largo del anterior curso académico, hasta el punto que disponemos de un borrador de estatutos para un Consejo escolar Municipal en Santa Marta, hemos mantenido reuniones con colectivos dedicados a la enseñanza y la educación y hemos recabado opiniones de expertos en la materia.

 

Estamos convencidos de que los demás grupos también tienen un gran interés por la enseñanza y la educación y que habrán avanzado en el estudio al que se comprometieron en dicho pleno.

 

En consecuencia proponemos que, ante el comienzo inminente del  nuevo curso escolar, pongamos en común nuestras iniciativas y de una forma lo más consensuada posible hagamos realidad la creación de dicho órgano en beneficio de la educación en nuestro municipio.

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El Pleno de esta tarde ha aprobado inicialmente la modifiación de la Ordenanza Fiscal nº9 para repercutir a los ciudadanos, el sobrecoste que en la tasa de recogida de basuras impone el consorcio GIRSA para los municipios del alfoz, por el tratamiento de residuos en el CTR de Gomecello.

La modifiación ha sido aprobada, una vez vez más, por los ocho concejales del PP y los seis del PSOE. El edil de Tierra Comunera se ha abstenido mientras que Izquierda Unida Los Verdes y AIS hemos votado en contra.

Aquí os dejo el boceto de mi intervención:

“Hoy traemos para aprobación la modificación de la ordenanza fiscal nº9 (recogida de basuras). Dicha modificación conlleva el aumento en un 62,79% de la tasa.

Como ya se ha explicado esta modificación viene sobrevenida sobre todo por el coste de reciclado en el CTR de Gomecello. Desde el consorcio GIRSA, se establece el precio por tonelada para todos los municipios de la provincia, de manera que no queda otra solución que asumir el coste. 

 

Antes de abordar el debate -si es que hay algo de margen para debatir-, convendría señalar aspectos significativos que ayudarían a tener clara la posición. A saber:

 

         La Junta de Castilla y León, responsable del CTR de Gomecello no aporta con claridad los datos que pongan de manifiesto cuál es la cantidad y el volumen de residuos tratados, retornados, etc. Es decir, no hay datos, por esa vía, que justifiquen la subida de precio o el sobrecoste en la tasa.

         Tampoco se está adoptando una correcta política de tratamiento de residuos. En primer lugar porque está mal planteada en origen –fruto entre otras cosas de la enorme presión de los agentes que intervienen, esto es, de las contratas- y en segundo lugar, porque tal y como revelan los datos aportados por otros municipios, y que nos sirven para hacer una estimación, NO SE RECICLA MÁS sino que sólo han aumentado los residuos.

         De nuevo se nos traslada a los Ayuntamientos y a los ciudadanos un problema, que no sólo no es nuevo ni imprevisible, sino que no ha querido ser resuelto ni por la administración autonómica –que tiene las competencias- ni por la Diputación… que por no hacer, no hace nada.

 

Dicho esto, la situación es de sobra conocida. Nos encontramos entre la espada y la pared porque, o bien repercutimos el aumento de los costes de recogida y tratamiento de residuos a los ciudadanos, o bien lo asume el Ayuntamiento, dejando de prestar algún servicio, o lo que es lo mismo, lo asumen indirectamente los ciudadanos.

 

Y todo ello para pagar un servicio que nadie sabe a ciencia cierta como se presta, y que intuimos que no se adecua a los fines para los que fue concebido.

 

Contextualicemos ahora la posible subida del 62`77: estamos inmersos en una crisis marcada por la “estanflación” en la que los ciudadanos de nuestro municipio, no solo ven como aumenta el paro, sino que crecen los precios, no sólo los del mercado, sino de los servicios públicos: autobús, un 15%, basura, un 62`7%, luego vendrá el IBI, etc.

 

Con esas premisas, nosotros votamos en contra de esta nueva subida y lo hacemos porque nos declaramos insumisos al proceso oscuro y poco transparente con el que la Junta de Castilla y León ha gestionado un problema anunciado y conocido.

 

Nos oponemos además, porque creemos que no se puede trasladar ese gasto a los ciudadanos en el contexto actual. Si cuando había dinero, nos oponíamos a su despilfarro, ahora que estamos en crisis, consideramos que la administración puede amortiguar determinados impactos.

 

Y si el Ayuntamiento, por mor de ese enorme gasto, tiene que quedarse sin prestar otros servicios, estamos dispuestos a asumir la restricción en partidas en las que se despilfarra. Si se trata de recortar, recortemos en gastos de festejos, por ejemplo. Pero no traslademos una vez más, nuestra incapacidad a los vecinos y menos, si con eso, y sin estar las cuentas claras, vamos a garantizar el lucro a las empresas FCC y ECOEMBES.

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