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Archive for 25 noviembre 2010

 

Fotografía extraida de la Web Municipal en la que salgo de chiripa!

Ayer se celebró en Santa Marta Pleno Extraordinario para aprobar provisionalmente los presupuestos del año 2011. Ya denuncié que esta convocatoria ha costado 3900 €, más de la mitad que toda la partida anual de libros escolares. Pero lo que IU dijo y lo que aportó a dicho pleno fue mucho más que esa mera anécdota.

 

Ayer, los 16 concejales que asistimos al Pleno tuvimos que afrontar dos votaciones, y no sólo una, como se deduce de las crónicas de la prensa local. Se votó el dictamen de aprobación de presupuestos, y se sometió a votación el voto particular presentado por IU.

 

El dictamen salió adelante con los 8 votos del PP y el voto de AIS. El PSOE, pese a que ninguna de sus propuestas se incluyó, se abstuvo. IU votó en contra, no sólo porque verbalizó propuestas, sino porque acudía a ese pleno con un voto particular, que sólo obtuvo el voto favorable de IU, y que fue votado en contra por PP, AIS y PSOE –que aquí no se abstiene sino que vota en contra-.

 

La prensa local sin embargo, ha dado buena cuenta de los números y las propuestas aprobadas ayer. Ángel Pérez, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid solía decirle a Gallardón que sus propuestas son la “pasarela papeles”. Como en las grandes citas de moda, los proyectos son muy sonados pero nunca se ven en la calle.

 

Para muestra, ejemplos de  propuestas para 2010 que no se han llevado a cabo y vuelven a incluirse en el presupuesto de 2011 (sólo por poner un ejemplo):

 

– Campo de Fútbol, Cesped y electrificación. No se ejecutó y vuelve a presupuestarse.

– Climatización Cafetería piscinas.

– Carril Bici y Paseo peatonal

-Escuela Música

-Reforma Biblioteca

– Vivero Municipal

– Marquesina Tierno Galván

– Sellado Escombrera

– Mobiliario y Enseres Policía Local

 

Dice el PSOE -siguiendo al PP- que estos presupuestos son continuistas. No es cierto, más que continuistas son los mismos presupuestos, y eso significa que una vez más, el Gobierno Municipal vende humo. Eso sí, con cargo a unas parcelas públicas que cada vez se pretenden vender más baratas.

 

De esto, que dijo ayer IU, no se ha publicado ni una sola línea. Por el contrario, más de un medio dedica –más o menos- espacio a la intervención del PSOE y sus propuestas que por muy interesantes que fueran no sirvieron para arrancar el voto en contra del PSOE.

 

Respecto a nuestras alternativas, que os contaba en esta entrada anterior, creo que de forma objetiva, ponen de manifiesto tres aspectos relevantes, pero que no merecen interés mediático, o que por lo menos no merecen una línea:

– que se está políticamente en el polo opuesto a la propuesta oficial o del gobierno
– que se tiene una alternativa, es decir, que el grupo de oposición que la formula dice tener propuestas en caso de que tuviera mayoría para gobernar
– que se tiene capacidad como para formular la propuesta dentro del plazo legal de (un día desde que se aprueba el dictamen en Comisión Informativa).

Leer las crónicas del Pleno es frustrante. Ver que cada vez sois más quienes leeis este blog, es muy gratificante. Convenceros de que la alternativa no pasa por un mirlo blanco caído del cielo, sino por una IU fuerte en este ayuntamiento, un reto apasionante.

PD.- Pronto hablaremos de la Radio Local… lo prometo

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PRIMERA.- NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL ACUERDO ADOPTADO

 

 

A)    COMPETENCIA RESPECTO DE LAS ENMIENDAS

Examinado el expediente consta la existencia de una enmienda, con nº de registro 3535, presentada el día 5 de octubre por la concejala que suscribe la presente reclamación y que no fue discutida en el pleno. Efectivamente en el acta de la sesión de Pleno celebrado el 7 de octubre de 2010  se observa, página 2, que en el debate previo a la aprobación del acuerdo que se impugna, el Alcalde reconoce la presentación en el registro de una enmienda al dictamen que se debatía por parte de la edil que suscribe la presente impugnación, y que sin embargo no fue sometida a la consideración del pleno.  Textualmente, se dijo por parte del Alcalde Presidente que “esa enmienda no se puede tener en cuenta, ni puede ser debatida ni puede ser votada”, “esta enmienda que perfectamente podríamos haber atendido y salido en Comisión, pero claro la Concejala con derecho que a todos asiste, que es el de huelga no estuvo” (página 2 del acta de pleno), “esa enmienda no existe” -SIC- (página 4 del acta) y “la enmienda la hemos dicho y la hemos explicado para que los concejales sepan de qué se trataba (…) no hay ninguna enmienda aquí en este momento”.

 

Justifica el Alcalde la negativa a discutir la enmienda en que ésta no cumple con los requisitos del artículo 87.1.b) “in fine” del ROM, esto es, porque la enmienda presentada supone, a juicio del Alcalde, un aumento de gasto o disminución del ingreso presupuestario, y por lo tanto debió de explicitarse la fuente de financiación correspondiente y requería informe del Interventor de la Corporación.

 

Pues bien, el RDL 2/2004 atribuye al Pleno de la Corporación la competencia de aprobar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos, así como sus modificaciones. El procedimiento legal que habrá de observarse será, de una parte, el señalado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, y de otra, el genérico, es decir, el derivado de la aplicación de la Ley 7/1985, el ROM y el ROF respectivamente.

 

En síntesis, el procedimiento para la adopción de un acuerdo de modificación de ordenanza fiscal es el siguiente: convocatoria de Comisión Informativa de Hacienda, discusión y aprobación de un dictamen, discusión en Pleno de dicho dictamen, y de las enmiendas y votos particulares si los hubiere, y aprobación provisional del acuerdo, ora de aprobación, ora de modificación.

 

En el caso de que un edil formule una enmienda, el órgano competente para discutir, aprobar o rechazarla no es sino el Pleno, que es al que se dirige la misma. Que el artículo 87.1.b del ROM y el 97.5 del ROF establezcan como requisito común, su presentación mediante escrito presentado al Alcalde, antes de iniciarse la deliberación del asunto no es óbice para que se haya hurtado al Pleno una  competencia que tiene atribuida en su doble vertiente, de control de estricta legalidad formal; y política, asumiendo o rechazando el contenido de la enmienda en función de la posición que cada grupo adopta y argumenta libremente.  Alcanzar un acuerdo vulnerando el derecho del Pleno de conocer y votar una enmienda, supone vulnerar el procedimiento legalmente establecido, amén de alterar sustancialmente las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Sólo con esta premisa, el acuerdo es nulo de pleno derecho en virtud de los previsto en el artículo 62.1.e de la Ley 30/1992.

 

Sin ánimo de entrar en mayores disquisiciones, y de forma breve, conviene poner de relieve la confusión jurídica que subyace a cada una de las afirmaciones realizadas por el Alcalde y que se han subrayado anteriormente:

 

Así, de su intervención se deduce sin lugar a dudas, que el Alcalde confiere a los ediles que forman parte del Pleno, el derecho a “enterarse de qué trata la enmienda” pero no a discutirla ni a posicionarse sobre el cumplimiento formal o su oportunidad. Apreciación que obviamente, no tiene fundamento.

 

Del mismo modo el Alcalde, con la espontaneidad que caracteriza sus alocuciones, señala que no habría habido problema para atender en comisión informativa la enmienda, mezclando la ausencia de la concejala en la comisión por estar en huelga, con la oportunidad de la enmienda en lo que al fondo se refiere. Pues bien, es imposible que la enmienda hubiera sido presentada en comisión informativa, sencillamente porque “se entiende por enmienda la propuesta de modificación de un dictamen” y se entiende por dictamen la propuesta que se realiza al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa.

 

Respecto al extraordinario limbo jurídico al que el Alcalde envía una enmienda formalizada ante el Registro General del Ayuntamiento, y que asegura “que no existe” o “que no está aquí en este momento”, merece la pena recordar que, acto seguido, se concede la palabra a la edil De la Torre, para formular apreciaciones sobre la (in)oportunidad de la misma. Así y al margen de su interesada apreciación sobre los motivos por los que la enmienda supone una disminución de ingresos, consta que la edil reflexionó sobre “si en lugar de acumular (el IPC) de los últimos dos años, por capricho, acumulamos los quince o los veinte últimos años, pues no sabemos lo que puede ocurrir”. “El presupuesto es algo muy serio y no podemos permitir que se rija por caprichos” o su sentencia palmaria “como el IPC del año pasado es negativo, se congelaron (las Ordenanzas) es la práctica habitual”. Señalamos todo ello para poner de manifiesto aspectos jurídicos relevantes, por lo que no merece mayor comentario la “práctica habitual “relativa a la inflación negativa, toda vez que la última vez que ocurrió semejante fenómeno en España fue allá por 1961:

 

–                      Se evidencia que se abre un debate parcial, en el que de manera arbitraria se concede la palabra sólo a la Concejala de Hacienda –en la que ésta, como ya se ha demostrado, utiliza no sólo para valorar la legalidad de la enmienda sino para realizar una intervención política, cargada de prejuicios, lo que viene a generar una situación de desigualdad para el resto de concejales que no pueden fijar posición sobre una enmienda a la que sin embargo se dedican tres páginas del acta de pleno.

–                      El Alcalde deniega la palabra a la edil, pese a que el ROM es taxativo al señalar en su artículo 83.7 señala que “cualquier Concejal podrá solicitar la palabra por alusiones. En este caso podrá contestar de manera concisa sin entrar en el fondo del asunto y ser brevemente replicado por el autor de la alusión”. De nuevo se demuestra la arbitrariedad del Alcalde-Presidente: para inadmitir una enmienda invoca el ROM; para denegar el turno de palabra por alusiones, se inventa su propia norma.

 

De modo intrínsecamente relacionado con lo anterior, la negativa del Alcalde a someter una enmienda  a votación (art. 94 ROM) supone un acto administrativo dictado por un órgano manifiestamente incompetente, en tanto que se ha arrogado de una competencia que no le corresponde, lo que genera, su nulidad de pleno derecho ex artículo 62.1.b Ley 30/1992.

 

Puede concluirse que tras  su pretendido afán de salvaguardar el cumplimiento formal de las iniciativas de la edil de IU Los Verdes se oculta una verdadera actuación de control de oportunidad que le está vedada al Alcalde y que amén de poner de manifiesto que su filibusterismo -strictu sensu-, restringe ilegítimamente el haz de derechos y facultades de la concejala, como oportunamente señalaremos más adelante.

B) LA CONTROVERTIDA REGULACIÓN DE LA ENMIENDA EN EL ROM Y LA NO SIEMPRE PACÍFICA CONVIVENCIA DE ÉSTE CON EL ROF.

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes aprobó su Reglamento Orgánico Municipal (BOP 15/07/2008, nº 115), en expresión de la más genuina de la potestad de autoorganización de las entidades locales. El artículo 87.1.b determina lo que ha de entenderse como enmienda, en consonancia con el artículo 97.5 del ROF, pero con una adición que no puede perderse de vista y que es la que origina la presente controversia, como lo es la necesidad de explicitar las fuentes de financiación en caso de que la enmienda suponga un aumento de gasto o disminución de ingreso, y el requisito de que este tipo de enmiendas vayan acompañadas de un informe previo del Interventor de la Corporación.

 

Pues bien, esta redacción no puede entenderse complementaria la del ROF sino contraria al mismo, lo que supondría abordar un debate jurídico complejo, y no siempre bien resuelto, en torno a la prevalencia del ROM o del ROF, o cuál es la norma aplicada por el Ayuntamiento. Sirva como ejemplo que el Pleno en el que se adoptó el acuerdo que se recurre, fue convocado invocando el ROF y no el ROM.

 

Pero centrémonos en el análisis del artículo 87.1.b, del ROM, utilizado en esta ocasión por el Alcalde para impedir que esta concejala promoviera el debate en el ejercicio de eso que viene a denominarse “pluralismo político”.

 

Como ya se ha señalado, el primer párrafo –en consonancia con la redacción del ROF- contiene dos únicos requisitos formales para la presentación de enmiendas: deberá presentarse por escrito al Alcalde antes de iniciarse la deliberación del asunto. Ahora bien, el segundo párrafo contempla dos requisitos adicionales –explicitar fuentes de financiación y el preceptivo informe del Interventor de la Corporación- para las enmiendas que supongan un aumento del gasto o disminución de los ingresos. La desafortunada redacción genera confusión, por varias razones:

 

De una parte, no especifica a quién corresponde el juicio relativo a si la enmienda supondrá un aumento de gasto o la disminución de un ingreso. Esto, que parece fácil de determinar prima facie, puede suponer no pocos quebraderos de cabeza desde un punto de vista financiero y jurídico. Una propuesta fiscal que aparentemente induzca a pensar en una disminución de los ingresos puede contemplar mecanismos de eficiencia en la recaudación, y suponer en la práctica un aumento para la hacienda local. ¿A quién corresponde realizar semejante juicio?

 

De otra, porque si una enmienda –que carece de repercusión económico- tiene estipulado un plazo concreto para su presentación (inmediatamente antes de que se inicie la deliberación del asunto), ¿cuál es el plazo para la presentación de enmiendas en el caso de que estas supongan el aumento del gasto o la disminución del ingreso? No puede invocarse una norma cuyo contenido, por indeterminado, hace imposible en la práctica su cumplimiento.

 

Y aún y todo, ¿por qué el Alcalde no pidió al interventor que realizase el informe al que se refiere el ROM, si la enmienda se presentó con 48 horas de antelación al pleno?

 

La buena fe –que siempre ha de presumirse- pudo aportar una solución práctica sencilla: otorgar la palabra a la concejala proponente, debatir si supone o no una disminución de los ingresos, y también, dar voz al interventor al amparo de lo previsto en el art. 83.9 del ROM o ex artículos 72.3 y 80 del meritado reglamento. Y más aún cuando la enmienda estaba presentada con antelación suficiente, no sólo para que el Alcalde preparase concienciadamente esta suerte de aportación al proceloso mundo del derecho administrativo – el limbo jurídico en el que las enmiendas existen pero no están aquí-, sino para plantear y solucionar los problemas en un sentido práctico pero sobre todo, favorable al ejercicio de los derechos que configuran el status del cargo público. In re ipsa loquitur.

 

C) VULNERACIÓN DEL IUS IN OFFICIUM. NULIDAD ART 62.1.a)

 

El denominado ius in officium es derecho constitucional que garantiza no sólo el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también el derecho a mantenerse en ellos sin perturbaciones ilegítimas y a que no se les impida desempeñarlos de conformidad con lo que la Ley disponga.

 

Siguiendo con el correlato anterior, lo que se ha hecho al adoptar el acuerdo de modificación de ordenanzas fiscales sin tener en cuenta una enmienda presentada por una concejala de la corporación, es vulnerar el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos por medio de representante elegida por sufragio universal, y el derecho de la concejala a ejercer las funciones del cargo público en condiciones de igualdad. Y ello, porque la normativa contempla como un derecho de todo concejal, el de presentar enmiendas a un dictamen.

 

La edil tiene derecho a presentar una enmienda (art. 97 ROF y 87 ROM), y evidentemente, a que esta se discuta, antes de adoptarse el acuerdo (art 94 ROM).

 

El derecho a ejercer las funciones propias del cargo público representativo de concejal es un derecho fundamental y su contenido jurídico no se reduce a las concretas previsiones de las normas que le dotan de tal configuración. Por el contrario, comparte con los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución un especial valor que exige interpretar los preceptos que regulan su ejercicio de la forma más favorable a su efectividad. En el supuesto que contemplamos, el derecho del artículo 23.2 de la Constitución se proyecta sobre el haz de facultades que la legislación atribuye a los concejales para desempeñar sus cargos sin que el Alcalde haya permitido al Pleno entrar a valorar los motivos esgrimidos para la inadmisión de la enmienda, aun en base al controvertido artículo 87 del ROM.  Huelga decir que tampoco se permitió a la Concejala, según consta en la página xxx del Acta de Pleno, hacer uso de la palabra aunque fuera para formular alternativa alguna al supuesto error de forma, ni tampoco se requirió, como ya se ha dicho antes, el parecer del Interventor Municipal.

 

No pudiendo entenderse como suficiente para considerar motivada la actuación del Alcalde, no cabe duda de que se ha vulnerado el derecho de una concejala a presentar enmiendas, lo que en definitva supone perturbar el ius in officium del cargo público. La nulidad de pleno derecho que se genera en relación al acuerdo adoptado podría tildarse de “anecdótica” si se compara con lo que supone vulnerar un derecho fundamental. En cualquier caso, el acuerdo es nulo de pleno derecho a tenor de le previsto en el art. 62.1.a) de la Ley 30/1992.

 

SEGUNDA.- A LA ORDENANZA FISCAL Nº 12

A) Hecho imponible. Prestación efectiva y singularización en la tasa

La Ordenanza Fiscal nº 12 contempla –entre otros- como hecho imponible las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por entradas de vehículos a través de las aceras.

Como bien se señala en la disposición transitoria de referida ordenanza, el Ayuntamiento no dispone los servicios necesarios para garantizar el ejercicio completo del derecho otorgado al solicitante. En este sentido, discrepamos de la solución propuesta en el texto de la ordenanza cuya cuota ahora pretende actualizarse, puesto que entendemos que en tanto que no haya prestación efectiva por parte de la Administración no puede exigirse al administrado el pago de una tasa.

 

Y ello, porque en las tasas, el aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible lo realiza tanto la propia Administración que presta el servicio, como el sujeto pasivo que lo recibe.

Como ya se ha señalado, en el caso de la presente ordenanza el ciudadano ha de recurrir a la administración para que le facilite la placa que identifica a los sujetos que voluntariamente solicitan la licencia de paso de vehículos a través de las aceras, pero esa licencia no puede entenderse en modo alguna como privativa, ni está garantizada, por la ausencia de recursos de la propia administración.

Al margen de consideraciones jurídicas, lo cierto es que en Santa Marta, la situación es especialmente gravosa para quienes utilizan garajes colectivos en el casco urbano (puesto que nadie espera que si no se contrata un vado, el paso a través de las aceras esté garantizado y sea privativo), mientras que en las zonas residenciales los ciudadanos no solicitan dichas licencias pues saben que nadie osará aparcar frente a la puerta de su vivienda unifamiliar.

b) La cuota tributaria. Actualización al IPC de una cuota desmesurada.

Establece el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Nº 12, una cuota tributaria que se establece en función del “valor medio” de los inmuebles de Santa Marta. La última Ponencia de Valores de Bienes de Naturaleza Urbana del municipio de Santa Marta de Tormes, elaborada por la Gerencia Territorial del Catastro, Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Salamanca data de 1996, por lo que para actualizarla se ha recurrido al sistema de actualización de Índice de Precios al Consumo (acumululado).

Del criterio anterior se obtiene un valor medio del metro cuadrado que se usará como referencia para las tasas de vados, rebajes, etc. El incremento, por la utilización de ese sistema de actualización, de la referencia que define la cuota, establece un un 37,9% de variación, definiéndose en un valor unitario medio para el dominio público local en Santa Marta de Tormes de 143,10 euros/m2.

Lo justo, tanto para la Administración, como para el ciudadano que paga la tasa (en función de un servicio que va a recibir o un bien del que va a disfrutar) sería haber utilizado el procedimiento que sigue el Ministerio de Hacienda para actualizar anualmente los valores catastrales de los bienes inmuebles  de cara al otro impuesto de carácter local como es Impuesto de Bienes Inmuebles: el coeficiente de actualización fijado por la LGPE cada año.

Calculando los porcentajes de variación del periodo interanual (1996-2007) fijados en cada uno de los ejercicios en su correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, se obtiene un incremento acumulado del 12,8%. La diferencia es muy importante, de 25 puntos porcentuales.

PROPUESTA

Ante la disparidad de criterios para el establecimiento  de tasa por entrada de vehículos , se propone:

 

La retirada del la cuota tributaria, puesto que se actualiza al IPC una cuota que no se comparte y que además entendemos que no es exigible por faltar el presupuesto básico del hecho imponible.

 

En virtud de lo expuesto, SOLICITA:

Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud, remita al Pleno la siguiente reclamación, para que se declare nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado por el Pleno en la sesión ordinaria indicada en el encabezamiento del presente escrito, en la que se produjo la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales.

 

Subsidiariamente y para el caso de que no se estime la petición anterior, solicitamos que se someta a consideración del Pleno la enmienda en su día registrada, antes de adoptar el acuerdo definitivo en relación a las ordenanzas fiscales.

 

 

Salamanca, a 23 de noviembre de 2010

 

 

 

 

Mª.  Asunción Barandiaran Múgica

Concejala Portavoz G.M. IU-LV

 

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Convocatorias que lo dicen todo (I)

 

El miércoles, a las 9 de la mañana, el Pleno de Santa Marta se reunirá en sesión extraordinaria para aprobar provisionalmente los presupuestos del ejercicio 2011. Lo relevante no es la posibilidad de que esos presupuestos sean gestionados por alguien distinto a Javier Cascante (no nos hagamos demasiadas ilusiones), sino la propia convocatoria en sí misma. Me explico:

 

Los plenos Ordinarios tienen lugar el primer jueves de cada mes, lo que significa que el próximo pleno ordinario será el jueves 2 de diciembre. ¿Por qué no se ha esperado el Acalde 8 días para debatir y aprobar inicialmente el Presupuesto?

 

La convocatoria de este pleno extraordinario es infumable por tres razones:

 

a)     el coste de un Pleno que bien se podría haber ahorrado, trasladando el debate al 2 de diciembre (unos 3990 €, sólo 2000 euros menos que todo el presupuesto de becas para libros escolares).

b)     si el acuerdo se publica (más o menos) en torno al 29 ó 30 de noviembre, y necesariamente ha de guardarse un periodo de exposición pública de quince días, la aprobación definitiva no será en el pleno de diciembre. La pregunta, conocidas las prisas del Alcalde en este mes de noviembre, es obligada: ¿aguantará desde el 24 de noviembre hasta el 13 de enero  sin aprobar los presupuestos o convocará un nuevo pleno extraordinario, a modo de aguinaldo para los miembros de la corporación?

c)      El pleno extraordinario está convocado para el miércoles 24, el mismo día en que finaliza el periodo de alegaciones a las ordenanzas fiscales. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a aprobar el presupuesto sin conocer cuánto va a ingresar el Ayuntamiento vía Ordenanzas Fiscales y sin tener en cuenta las aportaciones que los ciudadanos han hecho, e incluso vayan a hacer a lo largo de esa misma mañana y que pueden ser relevantes .

Por lo tanto, el Alcalde demuestra una nula sensibilidad para con el centenar de personas que ya han suscrito una alegación a las Ordenanzas, y mucho más para con quien estaba pensando en tomarse la molestia de acercarse al ayuntamiento a ejercer un derecho que la Ley le confiere. Así entiende Cascante los procesos democráticos.

 

No se molesten en preguntar si algún edil ha reparado en todo esto. Ya les digo que salvo IU nadie ha dicho esta boca es mía (y nunca mejor dicho).

 

Algún día les contaré una anécdota de por qué las reuniones son a las 9 de la mañana y no a última hora. Pero ese será otro cantar.

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VOTO PARTICULAR

PRIMERO.-  Inversiones (Capítulo VI) vinculadas a la enajenación de parcelas que integran el Patrimonio Municipal de Suelo

1.-  El Capítulo VI del Presupuesto de Gastos está integrado por 21 partidas, de las cuales hasta 11 de ellas se vinculan totalmente, en relación a su financiación, con cargo al Capítulo VI del Presupuesto de Ingresos, o lo que es lo mismo, con la venta de solares (Residencial Atyka C/ Delfos 125, y Residencial Atyka, C/ Delfos 126) pertenecientes al Patrimonio Municipal de Suelo del Ayuntamiento de Santa Marta, de acuerdo a lo estipulado en el 124.1 la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, en adelante LUCyL.

 

2.- Ha de recordarse que la específica finalidad del Patrimonio Municipal de Suelo se realiza mediante la circulación propia del tráfico jurídico pero sin disminución o merma del mismo, toda vez que el producto de las enajenaciones de los bienes de éste habrá de destinarse a la conservación y ampliación del propio Patrimonio. El P.M.S. es un fondo rotatorio de realimentación continua y por eso, leyes y RUCYL lo contemplan un “patrimonio separado” (art. 33 Ley 8/2007; 280.1 del TRLS´92; y el mencionado 124.1 de la LUCyL, y 372y ss del Reglamento de desarrollo). Esa separación legal, no puede reducirse a lo meramente conceptual, sino que tiene importantes consecuencias prácticas, tanto desde el punto de vista urbanístico –afectación específica– como desde el punto de vista presupuestario, pues ha quedado vedado de la autonomía de la voluntad de los Plenos de las Corporaciones Locales, pues no pueden destinar los ingresos obtenidos de la enajenación de los bienes que lo integran, a cualquier fin, sino sólo a aquellos que puedan insertarse en los que específicamente se prevén en la Ley de Urbanismo y el Reglamento, y siempre que además, se tengan en cuenta exigencias formales.

 

3.- Como quiera que lo que el legislador ha pretendido evitar, es que las corporaciones locales caigan en la tentación de sufragar su patrimonio corriente, o determinadas inversiones, con cargo a los beneficios obtenidos de la enajenación de unos bienes que -en síntesis- sirven para que la administración intervenga en el mercado del suelo, las sucesivas leyes del suelo, y la legislación urbanística han previsto la más grave de las consecuencias para el caso de que una corporación local sufrague con cargo al referido Patrimonio, bienes o servicios en el ejercicio de las competencias que la Ley de Bases de Régimen Local prevé en sus artículos 25 y 26, esto es, la nulidad del presupuesto aprobado. Y todo ello, con independencia de las dificultades que la ejecución de dicha anulación presupuestaria comporte.

 

4.- En el caso del dictamen que se propone modificar mediante el presente VOTO PARTICULAR, se han incluido como inversiones a sufragar con cargo a la enajenación de solares del Patrimonio Municipal de Suelo las siguientes:

 

Cuartel de la Policía. 1.000 euros

Carril bici y paseo peatonal Arroyo Requeneses. 211.069 euros

Escuela de Música. 1.000 euros.

Reforma biblioteca. 1000 euros

Césped Campo de Fútbol. 364.960 euros.

Pistas polideportivas. 112.700 euros.

Electricidad Campo de Fútbol. 58.292 euros.

Vivero Municipal. 1.000 euros

Marquesina fuente Paseo Tierno Galván. 1.000 euros.

Sellado de la Escombrera. 1.000 euros.

Reforma vías públicas. 264.679 euros

Vestuarios Piscinas. 1.000 euros

 

Total con cargo a la venta de parcelas: 1.017.700 €

 

 

5.- Una vez señalado esto, parece obligado citar lo estipulado en el art. 374 del Decreto 22/2004 (RUCyL), que concreta “los fines sociales” a los que se refieren las leyes de suelo aplicables, en relación al destino de lo percibido por enajenar suelo público, para demostrar, que la mayoría de las partidas no se ajustan a los destinos previstos en dicho artículo:

 

Los bienes, recursos y derechos de los patrimonios públicos de suelo, los fondos adscritos a los mismos, así como los ingresos obtenidos por su enajenación, deberán destinarse necesariamente a alguno de los siguientes fines de interés social, siempre que sean compatibles con el planeamiento urbanístico o los instrumentos de ordenación del territorio:

  1. Construcción de viviendas con protección pública.
  2. Ejecución de sistemas generales u otras dotaciones urbanísticas públicas.
  3. Compensación a propietarios cuyos bienes:
    1. Hayan sido objeto de expropiación.
    2. Hayan sido objeto de ocupación directa.
    3. Estén incluidos en unidades de actuación en las que el aprovechamiento permitido por el planeamiento sea inferior al aprovechamiento que corresponde a dichos propietarios.
  4. Conservación, gestión o ampliación del propio patrimonio o de otros patrimonios públicos de suelo, entendiendo incluidos los siguientes conceptos, siempre que se trate de gastos de capital:
    1. Los gastos necesarios para la conservación del patrimonio, tales como tributos, seguros y costes de mantenimiento, limpieza, seguridad y otros análogos.
    2. Los gastos de urbanización necesarios para que los terrenos del patrimonio alcancen la condición de solar.
    3. Los gastos necesarios para la ampliación del patrimonio mediante cesión, expropiación, compra, permuta o cualquier otro título.
    4. Los intereses, gastos de tramitación y comisiones de los créditos cuyos fondos hayan sido adscritos al patrimonio.
    5. Los gastos de elaboración de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística necesarios.
  5. Otros fines de interés social que merezcan tal consideración conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial, y que sean compatibles con los instrumentos de ordenación del territorio o de planeamiento urbanístico vigentes, o que estén vinculados a su ejecución.
  6. Otros fines de interés social que merezcan tal consideración conforme a la normativa urbanística o a la legislación sectorial, y que estén vinculados a la protección o mejora de espacios naturales o de los bienes inmuebles del patrimonio cultural.
  7. Pago de los gastos de urbanización de actuaciones de iniciativa pública.

 

En consecuencia, no aceptamos la inclusión de las partidas destinada a sustituir el césped del campo de fútbol, el sistema eléctrico del mismo, la marquesina de la Plaza Tierno Galván o los vestuarios de las piscinas puesto que por muy perentorias que sean dichas inversiones, el apartado b del art. 374 RUCYL se refiere a nueva ejecución de sistemas generales, y parece evidente que estamos ante supuestos de mejora, que no procede financiar con cargo a la venta de suelo público.

 

Algo similar puede decirse de la partida “reforma de vías públicas” puesto que del nombre de la partida se desprende ya que las inversiones en ella presupuestadas no se refieren a obras de ejecución de dotaciones urbanísticas públicas, sino de conservación, mejora o mantenimiento de lo ya existente por lo que tampoco puede insertarse en ninguno de los supuestos previstos por el RUCYL.

 

Lo mismo puede predicarse de sellado de la escombrera, porque semejante inversión no se acoge a ninguno de los supuestos contemplados en el 374 RUCYL, por mucho que el sellado de una escombrera, amén de necesario, pueda devenir en actuaciones urbanísticas futuras. Pero no es lo mismo, urbanizar, y para ello sellar, que limitarse a sellar.

 

Respecto a la partida de mobiliario y enseres de Policía Local poco ha de señalarse, no ya por pretender financiar los 263.679 euros de dicha partida con cargo a la generosa regulación del interés social que realiza el RUCYL, sino por incluirse en el capítulo de inversiones lo que a todas luces hace pensar que se trata de gasto corriente.

 

El resto de partidas que se prevé vayan a sufragarse con cargo a la venta de parcelas, habrían que insertarlas en los supuestos de interés social lo que no puede limitarse a una enumeración en el presupuesto de forma arbitraria sino que esta declaración, para ser válida, debería motivarla el Ayuntamiento, por un lado por ser un supuesto excepcional dentro de los destinos del Patrimonio Municipal del Suelo y, por otro, de acuerdo con el art. 54.1.f) de la Ley 30/92 , por tratarse de un acto discrecional del Ayuntamiento.

 

Es la propia declaración en sí misma la garantía de que las inversiones son de interés social, y da la impresión de que en este caso, el interés social obedece a la necesidad puntual de financiación de las inversiones previstas en el Presupuesto. Declarar el interés social de inversiones sin establecer un criterio previo definido con carácter general, supone desvirtuar el espíritu y finalidad del Patrimonio Municipal del Suelo fijado por el art. 276.1 del Real Decreto Legislativo 1/92 como por el TRLS de 2008. Interés social no es equivalente a mero interés urbanístico, sino que es un concepto más restringido. El Ayuntamiento puede declarar de interés social las inversiones que quiera en ejercicio del principio de autonomía, pero esto no justifica la reinversión del producto de la enajenación del Patrimonio Municipal del Suelo de acuerdo con los fines que marca su regulación específica, pues debe motivar para cada una de las “inversiones declaradas de interés social cuya financiación pueda provenir del producto de la enajenación de los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo”, primero, la normativa urbanística o sectorial que declara su interés social y el instrumento de ordenación del territorio o de planeamiento urbanístico en que están previstas y, segundo, debido a su carácter excepcional, el interés social concreto que cumplen.

 

SEGUNDO.-  Propuesta de modificación de partidas del presupuesto de Gasto

1.-  Partidas para las que se propone una reducción del gasto:

 

–          (Capítulo I) Partida 912-1001, Retribuciones Corporación: 227.000 €

–          (Capítulo II) Partida 920-22602, Anuncios en Prensa: 1.000 €

–           (Capítulo II) Partida 414-22199, Suministro Plantas: 3.000 €

–          (Capítulo II) Partida 338-22609, Festejos Populares: 80.000 €

–          (Capítulo II) Partida 912-22601, Gastos Representación O.G: 4.000 €

–          (Capítulo II) Partida 912-22711, Trabajos Cerrajería, 14.000 €

–          (Capítulo IV) Partida 341-48100, Transferencias UDSanta Marta, 60.000

 

Variación sobre el dictamen: 122.000 € de reducción de gasto

 

2.-  Partidas para las que se propone un aumento del gasto:

 

–          (Capítulo II) Partida 334-22001, Revistas y libros Biblioteca: 10.000 €

–          (Capítulo II) Partida 232-22699, Programa Juventud: 20.000 €

–          (Capítulo II) Partida 170-22799, Actividades medio ambiente: 18.000 €

–          (Capítulo II) Partida 233-22799, Programa Social de Mayores: 15.000 €

–          (Capítulo II) Partida 241-22710, Programa Formación Laboral: 30.000 €

–          (Capítulo II) Partida 334-22710, Programa Promoción Cultural: 15.000 €

–          (Capítulo IV) Partida 231-481000, Programa Cooperación: 40.000€

–          (Capítulo IV) Partida Nueva, Ayuda Social Emergencia: 25.000

–          (Capítulo IV) Partida 232-48101, Ayudas y becas libros: 12.000€

 

 

–          (Capítulo VI) Partida Nueva: Emisora de Radio Local. 8.000€

 

 

Variación sobre el dictamen: 122.000 € de aumento de gasto

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Procedimiento express

 

La edil de Hacienda, Chabela de la Torre

Mucho se ha discutido sobre la utilidad de los políticos y sobre si la oposición sirve para algo. No son pocos los que desconfían de la política, de los partidos, de la administración y razones no les faltan. Tampoco son menos los que opinan, por diferentes motivos, que los concejales que estamos en la oposición no valemos para nada: “no hacen más que fastidiar, a todo dicen no, si por ellos fuera todo estaría parado”… argumentan los unos. “Se conforman con preguntar”, “para presentar una simple moción que se quede en casa” “discursos, discursos, pero luego ” arguyen los otros.

 

La realidad es que un edil que no gobierna tiene muy poco margen de acción y su poder no es mucho mayor que el de un ciudadano de a pie. Cierto es que tenemos voz y voto en el Pleno (lo cuál debe ser maravilloso si no fuera por las mayorías absolutas, o las adhesiones inquebrantables como las de nuestro municipio) y que tenemos acceso a más información, pero si el Alcalde quiere torpedear nuestra labor de control, estamos perdidos.

 

Un ejemplo de ultimísima actualidad: se acerca el mes de diciembre y toca abordar el debate presupuestario. Habitualmente celebramos 2 comisiones informativas. En una, se nos expone el proyecto por parte del equipo de gobierno, en otra, los ediles de la oposición planteamos nuestras propuestas.

 

Hoy he recibido, por la tarde, la convocatoria de Comisión Informativa de Hacienda que tendrá lugar el lunes. El ROM exige 48 de antelación entre la notificación y la convocatoria (el ROF exigía dos días hábiles…). Sea como fuere, el sábado es día hábil pero el Ayuntamiento está cerrado. Si excluimos la tarde de mañana –el Ayuntamiento no abre por las tardes para la oposición-, sólo tengo la mañana de mañana para estudiar el expediente antes de ir a la Comisión Informativa del lunes.

 

Así es muy difícil hacer una buena labor de control, y mucho menos, poder plantear alternativas, por muy claro que tengamos nuestro discurso.

 

Seguiré informando

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En la tarde de hoy, y en poco más de una hora, hemos recogido más de 50 alegaciones a las Ordenanzas Fiscales para el 2011. Los ciudadanos han entendido lo que en su día propuso IU-LV, entre otras cosas porque es razonable: más allá de un discurso populista sobre la bajada de impuestos, lo que planteamos es que si en 2010 las tasas se congelaron (siendo el IPC negativo), ahora que el índice de referencia es positivo, debe compensarse la subida con la bajada que entonces no se llevó a cabo. Es decir -0,8% + 1,8%= subida de tasas de un 1% .

AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE TORMES

D. _______________________________________________________________________, mayor de edad, con DNI _________________ y domicilio, a efectos de notificaciones y demas diligencias, en C/ ___________________________________________________________, de Santa Marta de Tormes, ante el Pleno del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, con la debida consideración y respeto

EXPONE

Que el pasado 7 de octubre de 2010, el Pleno del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes aprobó la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2011.

 

Que el criterio adoptado para determinar la cuantía de referida modificación consistió en aplicar el IPC interanual que fue del 1,8% (de agosto de 2009 a agosto de 2010).

 

Que en ejercicio anterior, no fue adoptado referido criterio para modificar las Ordenanzas fiscales. Tengase en cuenta que en este caso el IPC interanual fue del -0,8%, lo que habría supuesto una modificación a la baja de las cuantías establecidas en los diferentes ingresos de derecho público objeto de modificación en las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2010, de haberse seguido el mismo criterio.

 

Que para el ejercicio 2010 se optó por adoptar el criterio de no modificar en sentido alguno las cuantías de dichos ingresos de derecho público.

 

Que supone un perjuicio para el poder adquisitivo de los vecinos de Santa Marta de Tormes el mantenimiento del las cuantías de los precios públicos en un ejercicio económico afectado por una bajada del IPC interanual.

 

 

 

En virtud de los expuesto

 

SOLICITO

1.- Que, para compensar la diferente aplicación de criterios para los ejercicios 2010 y 2011, se modifique el acuerdo plenario referente a la modificación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2011 en el sentido de aplicar una subida únicamente del 1% (resultante de restar al 1,8% de subida del IPC interanual de agosto de 2008 a agosto de 2009 el IPC interanual de agosto de 2009 a agosto de 2010).

2.- Que en virtud de lo previsto en el artículo 42 de la Ley 30/1992 de 26 de abril, se me notifique el acuerdo que el Pleno adopte en relación a la presente alegación.

En Santa Marta de Tormes, a 11 de noviembre de 2010.

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¿Oportunismo político?

Una de las críticas más habituales que nos hacen a los políticos es nuestro oportunismo. Del mismo modo en que muchas veces se nos acusa de debatir sobre cuestiones ajenas al día a día del ciudadano, otras se nos acusa de tratar de rentabilizar la actualidad, lo mediático, etc. Es consustancial al cargo y hace tiempo que intento que semejantes críticas me afecten en su justa medida. Es bueno aprender, pero también es imprescindible ver el bosque más allá del árbol. Otra cosa es que las críticas se reciban como una puñalada por venir de quien vienen.

 

En la noche de ayer leí una noticia de FEVESA / ASTORMI, que vienen a ser la federación de vecinos y una asociación de vecinos de Santa Marta, integrada en la primera. La noticia, al margen de que contiene afirmaciones cuyo rigor es más que discutible, finaliza con una crítica velada hacia el grupo político que represento, aunque no se nos cite como tal, y se nos critique dentro de un plural que curiosamente y por descarte (AIS se abstuvo, el PP se asbstuvo, y PSOE y TC votaron a favor), sólo puede corresponder a Izquierda Unida: “FEVESA expresa su malestar ante la actuación oportunista de diversos grupos políticos que, a pesar de estar como concejales en el Ayuntamiento y no haber actuado en este tema, intentan apuntarse el tanto electoral cuando el trabajo ya estaba realizado“ . Como quiera que esta lluvia fina, termina por acabar calando hondo (que a diferencia de nuestras notas, éstas sí las publica  la prensa), voy a contestar, aunque sólo sea por dejar claro, que una cosa es que yo me haga la tonta, y otra, que sea  imbécil.

 

1º.- La Sentencia 337/2006 sigue sin ejecutarse pese a que en el último Pleno se hayan dado pasos (en la dirección que interesaba al PSOE y TC por cierto). Pero yerran quienes mientras se felicitan por el camino andado, nos acusan de no haber hecho nada. Incluso el informe del alcalde -que como sabéis no me tiene ningún aprecio- por el que se inició el debate reconoce que quienes han interesado la ejecución de dicha sentencia son AIS e Izquierda Unida Los Verdes. Efectivamente, al poco de iniciarse la legislatura dimos los primeros pasos para interesarnos por la ejecución de dicha sentencia, volvimos a preguntar en enero,  marzo y julio de 2008, y a partir de ahí el Alcalde dio los primeros pasos. El trabajo fue lento (un informe jurídico, consulta al juzgado, requerimiento de pago a los ediles , alegaciones de éstos, etc). Durante la tramitación de todo ese expediente, IU ha solicitado al Alcalde que diera oportunidad al Pleno de pronuncuarse sobre este asunto. Haber sido los primeros no nos otorga más mérito que a FEVESA, pero desde luego tampoco menos, y lo que no parece de recibo es que se nos acuse de aprovecharnos de un trabajo ajeno.

 

2º.- Desde hacía mucho tiempo IU-LV se planteó la posibilidad de personarse en el procedimiento para instar la ejecución por vía judicial, pero según nos informaron nuestros servicios jurídicos semejante iniciativa no podía prosperar por no ser parte legitimada: la ejecución sólo podían instarla los ediles que interpusieron el recurso, o el Ayuntamiento tras un acuerdo del Pleno. Por lo tanto ahí terminaba nuestro margen de acción jurídica, debiendo centrar nuestros esfuerzos en lograr que el asunto llegase a Pleno.

 

3º.-  Es curioso que me acusen de apuntarme el tanto porque ese argumento bien puede volverse en contra de FEVESA puesto que en rigor, a los únicos a los que correspondería apuntarse el mérito es a los entonces ediles del PP, que fueron quienes votaron en contra de aquel acuerdo y acudieron al Contencioso-Administrativo (PSOE, UR y una edil de AVESAM lo hicieron a favor ).

Si aceptamos que el PP –por las razones que sean– ha querido “perdonar” ahora al PSOE, la libertad de apuntarnos el tanto la tenemos el resto a partes iguales ¿Por qué la actuación de FEVESA habría de ser desinteresada y la de IU oportunista? ¿Cómo puede acusársenos de electoralismo por iniciar este proceso a cuatro años de las elecciones municipales? Y en cualquier caso ¿por qué ha de ser mal visto que un partido de cuenta a la ciudadanía de aquello que hace?

 

4º.- Como concejala de IU ejerzo el cargo con honestidad, y hago lo mejor que sé y puedo. Lo que sí tengo claro es que si cada primer jueves de mes me siento en el Pleno del Ayuntamiento es porque así lo quisieron más de 400 vecinos, que no perdonarían que ante un escándalo como el de esta sentencia me hubiera quedado calladita “para no se oportunista”. Lo ideal es que el despacho del político esté abierto de par en par a los vecinos,  aportar información, dejar documentación, etc. Siempre he intentado facilitar la labor a las asociaciones de vecinos y he sido intolerante con la estrategia “antivecinal” del Alcalde,  sola, frente al resto de ediles.

 

Sea como fuere, permitidme que recuerde el proverbio oriental: “cuando el sabio señala la luna, el necio mira al dedo”.

Javier Cascante, sin mayoría absoluta, lleva tres años de plácido mandato con el incondicional apoyo de 15 de los 17 concejales. Ha machacado la participación ciudadana, los vecinos ya no van a los plenos, ha promulgado un ROM que margina a las minorías y ha sacado adelante inversiones a base de pedir créditos y poner en venta suelo público.

Y no contento con eso, tras abstenerse en una votación comprometida (la forma de ejecutar la Sentencia), consigue la cuadratura del círculo: que FEVESA atice a Izquierda Unida… una vez más, a Cascante le sobran los motivos para dormir tranquilo.

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