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Archive for 4/11/10

 

1.- IU LV se felicita por el hecho de que por fin se traiga a Pleno algo que llevábamos tiempo reclamando junto a AIS, como lo es la ejecución de la Sentencia 337/2006. Nos parece una buena noticia que por fin se den pasos para hacer cumplir un mandato judicial que de manera clara y concisa venía a anular un acuerdo plenario por dos motivos: haberse adoptado prescindiendo del procedimiento legal establecido (1.-no se ausentaron lde la votación los interesados art. 76 LRBRL), lo que ha generado la nulidad de pleno derecho (fundamento jurídico tercero de la Sentencia); y no respetar lo dispuesto en el artículo 75.2 de la Ley de Bases (fundamento jurídico cuarto).

Dado que la potestad de ejecutar esta sentencia la tiene atribuida en exclusiva el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, lo que se debate hoy en este pleno es la forma de hacer cumplir un mandato. En este sentido, nosotros fijamos nuestra posición en una doble vertiente: la estrictamente jurídica, y la política, toda vez que este es un órgano de representación de la ciudadanía.

2. Desde un punto de vista jurídico no podemos compartir la posición  que  ha impuesto sus tesis en el dictamen que aquí se discute, porque entendemos que la sentencia en modo alguno puede entenderse cumplida en sus justos términos por la mera comunicación de la misma al Pleno. Comunicar al Pleno la existencia de esta sentencia es algo que debió hacerse en su día y que aún no acertamos a entender la razón por la que no se hizo. Pero esa comunicación no deja de ser un instrumento para ejecutar la sentencia y no el fin en sí mismo.

En segundo lugar, respecto a los efectos jurídicos de la misma, creemos que el debate sobre la “compensación” entre lo indebidamente percibido –por mor de la nulidad de pleno derecho del acuerdo en que se asignaron las retribuciones- y lo realmente trabajado, pertenece a un debate posterior, y no al de la propia ejecución de la sentencia. Un acuerdo nulo, en aplicación del artículo 62.1.e de la Ley 30/1992 no puede producir efectos jurídicos, y por lo tanto, este pleno debe abordar la forma de retrotraer “ab initio” las actuaciones.

Lo que debe discutirse ahora, en síntesis, es si este Pleno considera oportuno  o no, reclamar a tres ediles unas asignaciones que en virtud del fallo judicial se han percibido indebidamente.

El debate de si esta administración se enriquece indebidamente en caso de que los concejales afectados reintegren las percepciones indebidas por un trabajo efectivamente realizado, es una actuación posterior a la ejecución de esta sentencia. No creemos oportuno mezclar un debate tributario (derivado de la ejecución de esta sentencia) con un debate estrictamente jurídico. Dicho de otro modo, ejecutemos primero, y valoremos después las consecuencias de dicha ejecución. Es en ese momento donde habrán de valorarse elementos que no se discutieron en Sentencia, como lo es si el trabajo se realizó efectivamente, qué forma hay de acreditarlo, si el Ayuntamiento tiene el deber de indemnizar a los concejales afectados o éstos son corresponsables del acto jurídico cuya nulidad les ha generado un perjuicio.

3.- Desde un punto de vista político, IU considera que este debate, que llega tarde, es esencial para transmitir credibilidad a la opinión pública o para contribuir a generar mayor desafección hacia los políticos y la política. No puede ser que el ciudadano perciba que “algunos nunca pierden”. No se trata de realizar una aplicación justiciera de una sentencia, ejemplarizante. No esa esa nuestra postura.

Lo que nosotros defendemos es que el Ayuntamiento debe realizar una actuación, que aunque llegue con retraso, deje claro que los políticos no somos intocables, y que asumimos nuestros propios errores. En ese sentido, y al igual de lo que defendíamos en el debate estrictamente jurídico, nos congratularía ver que el Ayuntamiento requiere a los concejales el reintegro a la Hacienda Municipal de las cantidades indebidamente percibidas. Y luego, como puede hacer cualquier ciudadano, que utilice los cauces procesales oportunos, y si lo consideran necesario, que acrediten su trabajo y exijan la compensación o lo que estimen oportuno.

En definitiva, Izquierda Unida Los Verdes, como una de las dos grupos políticos que ha preguntado insistentemente por la ejecución de dicha sentencia a lo largo de esta legislatura, apoya una ejecución efectiva de la Sentencia 337/2006 y no va a apoyar un dictamen que no comparte jurídicamente, y que sobre todo, considera una nueva derrota política en términos de transparencia pública e higiene democrática.

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