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Archive for 24/11/10

 

 

 

PRIMERA.- NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL ACUERDO ADOPTADO

 

 

A)    COMPETENCIA RESPECTO DE LAS ENMIENDAS

Examinado el expediente consta la existencia de una enmienda, con nº de registro 3535, presentada el día 5 de octubre por la concejala que suscribe la presente reclamación y que no fue discutida en el pleno. Efectivamente en el acta de la sesión de Pleno celebrado el 7 de octubre de 2010  se observa, página 2, que en el debate previo a la aprobación del acuerdo que se impugna, el Alcalde reconoce la presentación en el registro de una enmienda al dictamen que se debatía por parte de la edil que suscribe la presente impugnación, y que sin embargo no fue sometida a la consideración del pleno.  Textualmente, se dijo por parte del Alcalde Presidente que “esa enmienda no se puede tener en cuenta, ni puede ser debatida ni puede ser votada”, “esta enmienda que perfectamente podríamos haber atendido y salido en Comisión, pero claro la Concejala con derecho que a todos asiste, que es el de huelga no estuvo” (página 2 del acta de pleno), “esa enmienda no existe” -SIC- (página 4 del acta) y “la enmienda la hemos dicho y la hemos explicado para que los concejales sepan de qué se trataba (…) no hay ninguna enmienda aquí en este momento”.

 

Justifica el Alcalde la negativa a discutir la enmienda en que ésta no cumple con los requisitos del artículo 87.1.b) “in fine” del ROM, esto es, porque la enmienda presentada supone, a juicio del Alcalde, un aumento de gasto o disminución del ingreso presupuestario, y por lo tanto debió de explicitarse la fuente de financiación correspondiente y requería informe del Interventor de la Corporación.

 

Pues bien, el RDL 2/2004 atribuye al Pleno de la Corporación la competencia de aprobar la imposición y supresión de sus tributos propios, y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos, así como sus modificaciones. El procedimiento legal que habrá de observarse será, de una parte, el señalado en el Real Decreto Legislativo 2/2004, y de otra, el genérico, es decir, el derivado de la aplicación de la Ley 7/1985, el ROM y el ROF respectivamente.

 

En síntesis, el procedimiento para la adopción de un acuerdo de modificación de ordenanza fiscal es el siguiente: convocatoria de Comisión Informativa de Hacienda, discusión y aprobación de un dictamen, discusión en Pleno de dicho dictamen, y de las enmiendas y votos particulares si los hubiere, y aprobación provisional del acuerdo, ora de aprobación, ora de modificación.

 

En el caso de que un edil formule una enmienda, el órgano competente para discutir, aprobar o rechazarla no es sino el Pleno, que es al que se dirige la misma. Que el artículo 87.1.b del ROM y el 97.5 del ROF establezcan como requisito común, su presentación mediante escrito presentado al Alcalde, antes de iniciarse la deliberación del asunto no es óbice para que se haya hurtado al Pleno una  competencia que tiene atribuida en su doble vertiente, de control de estricta legalidad formal; y política, asumiendo o rechazando el contenido de la enmienda en función de la posición que cada grupo adopta y argumenta libremente.  Alcanzar un acuerdo vulnerando el derecho del Pleno de conocer y votar una enmienda, supone vulnerar el procedimiento legalmente establecido, amén de alterar sustancialmente las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Sólo con esta premisa, el acuerdo es nulo de pleno derecho en virtud de los previsto en el artículo 62.1.e de la Ley 30/1992.

 

Sin ánimo de entrar en mayores disquisiciones, y de forma breve, conviene poner de relieve la confusión jurídica que subyace a cada una de las afirmaciones realizadas por el Alcalde y que se han subrayado anteriormente:

 

Así, de su intervención se deduce sin lugar a dudas, que el Alcalde confiere a los ediles que forman parte del Pleno, el derecho a “enterarse de qué trata la enmienda” pero no a discutirla ni a posicionarse sobre el cumplimiento formal o su oportunidad. Apreciación que obviamente, no tiene fundamento.

 

Del mismo modo el Alcalde, con la espontaneidad que caracteriza sus alocuciones, señala que no habría habido problema para atender en comisión informativa la enmienda, mezclando la ausencia de la concejala en la comisión por estar en huelga, con la oportunidad de la enmienda en lo que al fondo se refiere. Pues bien, es imposible que la enmienda hubiera sido presentada en comisión informativa, sencillamente porque “se entiende por enmienda la propuesta de modificación de un dictamen” y se entiende por dictamen la propuesta que se realiza al Pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa.

 

Respecto al extraordinario limbo jurídico al que el Alcalde envía una enmienda formalizada ante el Registro General del Ayuntamiento, y que asegura “que no existe” o “que no está aquí en este momento”, merece la pena recordar que, acto seguido, se concede la palabra a la edil De la Torre, para formular apreciaciones sobre la (in)oportunidad de la misma. Así y al margen de su interesada apreciación sobre los motivos por los que la enmienda supone una disminución de ingresos, consta que la edil reflexionó sobre “si en lugar de acumular (el IPC) de los últimos dos años, por capricho, acumulamos los quince o los veinte últimos años, pues no sabemos lo que puede ocurrir”. “El presupuesto es algo muy serio y no podemos permitir que se rija por caprichos” o su sentencia palmaria “como el IPC del año pasado es negativo, se congelaron (las Ordenanzas) es la práctica habitual”. Señalamos todo ello para poner de manifiesto aspectos jurídicos relevantes, por lo que no merece mayor comentario la “práctica habitual “relativa a la inflación negativa, toda vez que la última vez que ocurrió semejante fenómeno en España fue allá por 1961:

 

–                      Se evidencia que se abre un debate parcial, en el que de manera arbitraria se concede la palabra sólo a la Concejala de Hacienda –en la que ésta, como ya se ha demostrado, utiliza no sólo para valorar la legalidad de la enmienda sino para realizar una intervención política, cargada de prejuicios, lo que viene a generar una situación de desigualdad para el resto de concejales que no pueden fijar posición sobre una enmienda a la que sin embargo se dedican tres páginas del acta de pleno.

–                      El Alcalde deniega la palabra a la edil, pese a que el ROM es taxativo al señalar en su artículo 83.7 señala que “cualquier Concejal podrá solicitar la palabra por alusiones. En este caso podrá contestar de manera concisa sin entrar en el fondo del asunto y ser brevemente replicado por el autor de la alusión”. De nuevo se demuestra la arbitrariedad del Alcalde-Presidente: para inadmitir una enmienda invoca el ROM; para denegar el turno de palabra por alusiones, se inventa su propia norma.

 

De modo intrínsecamente relacionado con lo anterior, la negativa del Alcalde a someter una enmienda  a votación (art. 94 ROM) supone un acto administrativo dictado por un órgano manifiestamente incompetente, en tanto que se ha arrogado de una competencia que no le corresponde, lo que genera, su nulidad de pleno derecho ex artículo 62.1.b Ley 30/1992.

 

Puede concluirse que tras  su pretendido afán de salvaguardar el cumplimiento formal de las iniciativas de la edil de IU Los Verdes se oculta una verdadera actuación de control de oportunidad que le está vedada al Alcalde y que amén de poner de manifiesto que su filibusterismo -strictu sensu-, restringe ilegítimamente el haz de derechos y facultades de la concejala, como oportunamente señalaremos más adelante.

B) LA CONTROVERTIDA REGULACIÓN DE LA ENMIENDA EN EL ROM Y LA NO SIEMPRE PACÍFICA CONVIVENCIA DE ÉSTE CON EL ROF.

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes aprobó su Reglamento Orgánico Municipal (BOP 15/07/2008, nº 115), en expresión de la más genuina de la potestad de autoorganización de las entidades locales. El artículo 87.1.b determina lo que ha de entenderse como enmienda, en consonancia con el artículo 97.5 del ROF, pero con una adición que no puede perderse de vista y que es la que origina la presente controversia, como lo es la necesidad de explicitar las fuentes de financiación en caso de que la enmienda suponga un aumento de gasto o disminución de ingreso, y el requisito de que este tipo de enmiendas vayan acompañadas de un informe previo del Interventor de la Corporación.

 

Pues bien, esta redacción no puede entenderse complementaria la del ROF sino contraria al mismo, lo que supondría abordar un debate jurídico complejo, y no siempre bien resuelto, en torno a la prevalencia del ROM o del ROF, o cuál es la norma aplicada por el Ayuntamiento. Sirva como ejemplo que el Pleno en el que se adoptó el acuerdo que se recurre, fue convocado invocando el ROF y no el ROM.

 

Pero centrémonos en el análisis del artículo 87.1.b, del ROM, utilizado en esta ocasión por el Alcalde para impedir que esta concejala promoviera el debate en el ejercicio de eso que viene a denominarse “pluralismo político”.

 

Como ya se ha señalado, el primer párrafo –en consonancia con la redacción del ROF- contiene dos únicos requisitos formales para la presentación de enmiendas: deberá presentarse por escrito al Alcalde antes de iniciarse la deliberación del asunto. Ahora bien, el segundo párrafo contempla dos requisitos adicionales –explicitar fuentes de financiación y el preceptivo informe del Interventor de la Corporación- para las enmiendas que supongan un aumento del gasto o disminución de los ingresos. La desafortunada redacción genera confusión, por varias razones:

 

De una parte, no especifica a quién corresponde el juicio relativo a si la enmienda supondrá un aumento de gasto o la disminución de un ingreso. Esto, que parece fácil de determinar prima facie, puede suponer no pocos quebraderos de cabeza desde un punto de vista financiero y jurídico. Una propuesta fiscal que aparentemente induzca a pensar en una disminución de los ingresos puede contemplar mecanismos de eficiencia en la recaudación, y suponer en la práctica un aumento para la hacienda local. ¿A quién corresponde realizar semejante juicio?

 

De otra, porque si una enmienda –que carece de repercusión económico- tiene estipulado un plazo concreto para su presentación (inmediatamente antes de que se inicie la deliberación del asunto), ¿cuál es el plazo para la presentación de enmiendas en el caso de que estas supongan el aumento del gasto o la disminución del ingreso? No puede invocarse una norma cuyo contenido, por indeterminado, hace imposible en la práctica su cumplimiento.

 

Y aún y todo, ¿por qué el Alcalde no pidió al interventor que realizase el informe al que se refiere el ROM, si la enmienda se presentó con 48 horas de antelación al pleno?

 

La buena fe –que siempre ha de presumirse- pudo aportar una solución práctica sencilla: otorgar la palabra a la concejala proponente, debatir si supone o no una disminución de los ingresos, y también, dar voz al interventor al amparo de lo previsto en el art. 83.9 del ROM o ex artículos 72.3 y 80 del meritado reglamento. Y más aún cuando la enmienda estaba presentada con antelación suficiente, no sólo para que el Alcalde preparase concienciadamente esta suerte de aportación al proceloso mundo del derecho administrativo – el limbo jurídico en el que las enmiendas existen pero no están aquí-, sino para plantear y solucionar los problemas en un sentido práctico pero sobre todo, favorable al ejercicio de los derechos que configuran el status del cargo público. In re ipsa loquitur.

 

C) VULNERACIÓN DEL IUS IN OFFICIUM. NULIDAD ART 62.1.a)

 

El denominado ius in officium es derecho constitucional que garantiza no sólo el acceso igualitario a las funciones y cargos públicos, sino también el derecho a mantenerse en ellos sin perturbaciones ilegítimas y a que no se les impida desempeñarlos de conformidad con lo que la Ley disponga.

 

Siguiendo con el correlato anterior, lo que se ha hecho al adoptar el acuerdo de modificación de ordenanzas fiscales sin tener en cuenta una enmienda presentada por una concejala de la corporación, es vulnerar el derecho de los ciudadanos a participar en asuntos públicos por medio de representante elegida por sufragio universal, y el derecho de la concejala a ejercer las funciones del cargo público en condiciones de igualdad. Y ello, porque la normativa contempla como un derecho de todo concejal, el de presentar enmiendas a un dictamen.

 

La edil tiene derecho a presentar una enmienda (art. 97 ROF y 87 ROM), y evidentemente, a que esta se discuta, antes de adoptarse el acuerdo (art 94 ROM).

 

El derecho a ejercer las funciones propias del cargo público representativo de concejal es un derecho fundamental y su contenido jurídico no se reduce a las concretas previsiones de las normas que le dotan de tal configuración. Por el contrario, comparte con los demás derechos fundamentales reconocidos por la Constitución un especial valor que exige interpretar los preceptos que regulan su ejercicio de la forma más favorable a su efectividad. En el supuesto que contemplamos, el derecho del artículo 23.2 de la Constitución se proyecta sobre el haz de facultades que la legislación atribuye a los concejales para desempeñar sus cargos sin que el Alcalde haya permitido al Pleno entrar a valorar los motivos esgrimidos para la inadmisión de la enmienda, aun en base al controvertido artículo 87 del ROM.  Huelga decir que tampoco se permitió a la Concejala, según consta en la página xxx del Acta de Pleno, hacer uso de la palabra aunque fuera para formular alternativa alguna al supuesto error de forma, ni tampoco se requirió, como ya se ha dicho antes, el parecer del Interventor Municipal.

 

No pudiendo entenderse como suficiente para considerar motivada la actuación del Alcalde, no cabe duda de que se ha vulnerado el derecho de una concejala a presentar enmiendas, lo que en definitva supone perturbar el ius in officium del cargo público. La nulidad de pleno derecho que se genera en relación al acuerdo adoptado podría tildarse de “anecdótica” si se compara con lo que supone vulnerar un derecho fundamental. En cualquier caso, el acuerdo es nulo de pleno derecho a tenor de le previsto en el art. 62.1.a) de la Ley 30/1992.

 

SEGUNDA.- A LA ORDENANZA FISCAL Nº 12

A) Hecho imponible. Prestación efectiva y singularización en la tasa

La Ordenanza Fiscal nº 12 contempla –entre otros- como hecho imponible las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales por entradas de vehículos a través de las aceras.

Como bien se señala en la disposición transitoria de referida ordenanza, el Ayuntamiento no dispone los servicios necesarios para garantizar el ejercicio completo del derecho otorgado al solicitante. En este sentido, discrepamos de la solución propuesta en el texto de la ordenanza cuya cuota ahora pretende actualizarse, puesto que entendemos que en tanto que no haya prestación efectiva por parte de la Administración no puede exigirse al administrado el pago de una tasa.

 

Y ello, porque en las tasas, el aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible lo realiza tanto la propia Administración que presta el servicio, como el sujeto pasivo que lo recibe.

Como ya se ha señalado, en el caso de la presente ordenanza el ciudadano ha de recurrir a la administración para que le facilite la placa que identifica a los sujetos que voluntariamente solicitan la licencia de paso de vehículos a través de las aceras, pero esa licencia no puede entenderse en modo alguna como privativa, ni está garantizada, por la ausencia de recursos de la propia administración.

Al margen de consideraciones jurídicas, lo cierto es que en Santa Marta, la situación es especialmente gravosa para quienes utilizan garajes colectivos en el casco urbano (puesto que nadie espera que si no se contrata un vado, el paso a través de las aceras esté garantizado y sea privativo), mientras que en las zonas residenciales los ciudadanos no solicitan dichas licencias pues saben que nadie osará aparcar frente a la puerta de su vivienda unifamiliar.

b) La cuota tributaria. Actualización al IPC de una cuota desmesurada.

Establece el artículo 5º de la Ordenanza Fiscal Nº 12, una cuota tributaria que se establece en función del “valor medio” de los inmuebles de Santa Marta. La última Ponencia de Valores de Bienes de Naturaleza Urbana del municipio de Santa Marta de Tormes, elaborada por la Gerencia Territorial del Catastro, Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Salamanca data de 1996, por lo que para actualizarla se ha recurrido al sistema de actualización de Índice de Precios al Consumo (acumululado).

Del criterio anterior se obtiene un valor medio del metro cuadrado que se usará como referencia para las tasas de vados, rebajes, etc. El incremento, por la utilización de ese sistema de actualización, de la referencia que define la cuota, establece un un 37,9% de variación, definiéndose en un valor unitario medio para el dominio público local en Santa Marta de Tormes de 143,10 euros/m2.

Lo justo, tanto para la Administración, como para el ciudadano que paga la tasa (en función de un servicio que va a recibir o un bien del que va a disfrutar) sería haber utilizado el procedimiento que sigue el Ministerio de Hacienda para actualizar anualmente los valores catastrales de los bienes inmuebles  de cara al otro impuesto de carácter local como es Impuesto de Bienes Inmuebles: el coeficiente de actualización fijado por la LGPE cada año.

Calculando los porcentajes de variación del periodo interanual (1996-2007) fijados en cada uno de los ejercicios en su correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, se obtiene un incremento acumulado del 12,8%. La diferencia es muy importante, de 25 puntos porcentuales.

PROPUESTA

Ante la disparidad de criterios para el establecimiento  de tasa por entrada de vehículos , se propone:

 

La retirada del la cuota tributaria, puesto que se actualiza al IPC una cuota que no se comparte y que además entendemos que no es exigible por faltar el presupuesto básico del hecho imponible.

 

En virtud de lo expuesto, SOLICITA:

Que teniendo por presentado este escrito, lo admita, y en su virtud, remita al Pleno la siguiente reclamación, para que se declare nulo de pleno derecho el acuerdo adoptado por el Pleno en la sesión ordinaria indicada en el encabezamiento del presente escrito, en la que se produjo la aprobación provisional de la modificación de las ordenanzas fiscales.

 

Subsidiariamente y para el caso de que no se estime la petición anterior, solicitamos que se someta a consideración del Pleno la enmienda en su día registrada, antes de adoptar el acuerdo definitivo en relación a las ordenanzas fiscales.

 

 

Salamanca, a 23 de noviembre de 2010

 

 

 

 

Mª.  Asunción Barandiaran Múgica

Concejala Portavoz G.M. IU-LV

 

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